A partir del 1 de septiembre de 2025 entrará en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), creada por la Ley 2/2023 e inspirada en la Directiva (UE) 2019/1937. Su objetivo es claro: garantizar la protección de las personas que denuncien infracciones normativas o casos de corrupción, reforzando así la confianza en los sistemas de integridad corporativa.

Una nueva etapa en la protección del informante

La A.A.I. actuará con plena autonomía e independencia, coordinándose con otros organismos de supervisión y convirtiéndose en un pilar clave en la lucha contra la corrupción en España. Durante los dos primeros meses, hasta el 1 de noviembre de 2025, contará con el apoyo transitorio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en materias como recursos humanos, infraestructura, contratación y desarrollo tecnológico.

En paralelo, hay que recordar que en la Comunidad Valenciana ya funciona un Registro de Canales de Denuncia, pionero a nivel nacional, mientras que ahora se consolida la creación de una autoridad con alcance estatal.

¿Qué supone para las empresas y compliance officers?

El arranque de la Autoridad Independiente de Protección del Informante marca un antes y un después para los programas de compliance en España:

  • Refuerza la obligación de contar con canales internos de denuncia eficaces.

  • Incrementa la supervisión del tratamiento de denuncias y la trazabilidad de cada caso.

  • Genera mayor seguridad jurídica y confianza tanto para los informantes como para las entidades obligadas.

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